Ahora sí me extiendo sobre una cuestión que dejé a mitad de camino en el texto anterior: el Parlamento Europeo decidió establecer, hace pocos meses atrás, que negar el Holocausto judío, de ahora en más, constituye un delito. A primera vista, parece una decisión correcta, sensata y hasta digna de aplausos. Sin embargo, configura un peligroso antecedente, pues, como decía Mario Vargas Llosa, hay un riesgo muy grande para la libertad intelectual –para la cultura– y para la libertad política, en reconocer a los gobiernos o parlamentos la facultad de determinar la verdad histórica, castigando como delincuentes a quienes se atrevan a impugnarla.
Negar el genocidio perpetrado por Hitler es una barbaridad, un disparate, una canallada. Lamentablemente, todavía existen personas que, por diferentes motivos, persisten en la postura de impugnar aquellos tristes acontecimientos; por otro lado, están los fanáticos que reivindican como cargados de un valor positivo esos mismos sucesos teñidos de sangre y barbarie. Pero, legalizando una serie de hechos históricos, como ha realizado el Parlamento, se debilitan los cimientos de toda sociedad democrática, ya que, citando de nuevo al escritor peruano, no se debe poner limitaciones para las ideas, ni siquiera para la más absurdas y aberrantes. Aunque no sea para nada equiparable, esta disposición, en alguna medida, me trae recuerdos del Ministerio de la Verdad de 1984.
Además, estimo que la decisión tiene una irrefragable naturaleza contraproducente: más que contribuir a que desaparezcan estas manifestaciones extremistas y descabelladas, en realidad, va a terminar, de forma velada, alentándolas. Antes que multar o encarcelar, debería ser prioritario educar, concientizar desde las instituciones formativas. La imposición de una verdad absoluta, es sabido, redunda en desconocimiento e insubordinación hacia la misma; es decir, a través de esta legalización de una única verdad histórica le están dando más motivos a los que la niegan para que sigan negándola.
Zapatero a su zapato, señores. La Historia, como campo de estudio, debería quedar asignada a los historiadores, y no a los políticos, pues en manos de los políticos deja de ser una disciplina académica, una ciencia, y se convierte en un instrumento de lucha política, para ganar puntos contra el adversario o promover la propia imagen.
Y, por último (otra incongruencia), también queda el interrogante: ¿solamente los crímenes del nazismo poseen tal entidad monstruosa, que su reivindicación o negación merece jerarquía normativa? ¿Los baños de sangre perpetrados por Stalin o Mao no merecen juzgarse con idéntica vara? ¿Acaso no perecieron miles de europeos en manos de éstos dos tiranos, de éstos dos cultores de clanes terroristas, policíacos y belicistas?
