El eje sobre el que gira esta descomunal noria de conflictividad socio-política que atraviesa la Argentina por estos días, son las retenciones móviles a la exportación de la soja, cuya suba desmedida, asimétrica e inequitativa, anunció el ministro de Economía el pasado 11 de marzo.
La unánime reacción del sector agrario en rechazo de este nuevo signo de avasallamiento por parte del poder central, no sólo es comprensible; se trata de una resistencia razonable y fundada. Si tomamos el precio internacional más alto que la soja tuvo durante la década del noventa, en el año 1997 más precisamente, se arribará a una conclusión categórica: en aquel entonces la tonelada de soja cotizó US$ 281, con retenciones del 3,5%, por lo que al productor le quedaban US$ 271 netos; hoy en día, el precio internacional casi duplica al máximo de la década pasada, ya que está en torno de los US$ 495 que, aplicando las retenciones del 44% impulsadas por el gobierno de Cristina Kirchner, dejan en las arcas de los productores un total de US$ 284 por tonelada. Ha transcurrido más de una década, el precio internacional de la soja tiende a duplicarse; bajo el gobierno de Menem el dólar y el peso valían lo mismo, hoy la relación es de tres a uno; y sin embargo, pese a todos estos beneficios, el productor agrario percibe casi los mismos ingresos que hace 11 años, mientras el Estado acumula una riqueza extraordinaria e inusual, que controla y distribuye con total discrecionalidad.
Una de las mayores mentiras que, con desvergüenza, profirió Cristina desde su atril teñido de vacuos ornamentos peronistas, es la de afirmar que las retenciones móviles tienden a detener el proceso de sojización de los campos argentinos. Si ésta fuera la intención real del Ejecutivo, entonces tales retenciones sólo se aplicarían a dicho cultivo; por el contrario, con esta medida persiguen un objetivo de corte claramente fiscal, como afirmaba el economista Víctor Beker, convirtiendo al Estado en un socio privilegiado del productor, porque participa sólo en los beneficios y no en las pérdidas.
Pero incluso más grave, por su componente engañoso y demagogo, resulta otra de las justificaciones que la presidenta utilizó, al asegurar que las retenciones móviles sirven para impedir la suba de precios que afecta a las personas de menores recursos. Pocos argumentos esgrimidos conllevan semejante nivel de hipocresía, pues todo el mundo sabe a las claras que la dieta de los argentinos lejos está de basarse en milanesas de soja u otros productos derivados de este cultivo.
La revuelta rural, y, especialmente, la adhesión que la misma ha cosechado por parte de las clases medias urbanas, se sustenta, según mi entender, en la certeza de que las retenciones, más que un medio para efectivizar la tan mentada redistribución de la riqueza en el país, son una herramienta de dominación política, amén de que, al aumentar el intervencionismo estatal y la burocracia gubernamental, también crecen, de la mano, los pasmosos niveles de corrupción pública.





