Del mismo modo que la mayoría de la ciudadanía, me dispuse por la tarde del martes, a escuchar con atención el anunciado discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante la certeza del infecundo panorama que brindaban los productores agropecuarios cortando decenas de rutas en toda la extensión del territorio argentino, intuía, estaba casi convencido, que la máxima autoridad de la república realizaría una convocatoria al diálogo, un llamamiento a la sensatez y a la concordia. Pensé que, desde su atril de la Casa Rosada, haciendo uso quizá de un instinto maternal del que carecía su marido, o de la reflexión y cautela que había dejado entrever en todas sus disertaciones hasta aquí, pondría paños fríos en una situación que, ya de por sí, estaba en llamas. Está a la vista que me equivoqué feo, muy feo.
Por el contrario, lo que –literalmente– hizo esta mujer fue apagar un incendio con nafta. Su discurso, abrigado por una pose blindada e impermeable a las críticas, pletórico de arrogancia y autosuficiencia, apeló al agravio e incluso a la ironía, para sacar a la superficie enfrentamientos internos que estaban superados desde hace décadas, intentando estigmatizar ideológicamente a quienes obtienen utilidades en base a las reglas del mercado, tratando de “desenmascarar” ante la sociedad, por medio de sus provocativos y poco felices argumentos, a los “enemigos” de la redistribución de la riqueza.
El campo ha sido, innegablemente, el sustento sobre el que se basó la tan mentada recuperación económica argentina. Las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, implementadas por el presidente Eduardo Duhalde, han sido un valioso instrumento para compensar de algún modo los efectos beneficiosos suscitados por la devaluación de la moneda, cuando el país se encontraba, allá por 2002, en el fondo del abismo. Sin embargo, durante todo el mandato de Néstor Kirchner, acabaron por convertirse en la base de un sistema político de recaudación y acumulación que se maneja de forma discrecional, con el que se disciplina y doblega a los gobernadores e intendentes, y con el que, asimismo, se financia el proyecto hegemónico de concentración del poder en unas pocas manos. Los productores agropecuarios, anestesiados por la suba de los precios internacionales de sus commodities, vienen soportando desde hace años estos atropellos, estos crecientes aumentos de las retenciones. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de llevar estos impuestos a las exportaciones de soja desde un 35% a un 44% y su fijación según una escala móvil que sigue a los precios internacionales: como es progresivo, si la soja llegara a 700 dólares la tonelada, el Estado se quedaría con 95 de los 100 dólares que excedan los 600. Con esta medida, claramente confiscatoria, y que conlleva una intención de neto corte fiscal –amén del voraz apetito recaudatorio–, Cristina Kirchner y su jovencísimo ministro de Economía, han logrado lo que nunca antes se había vislumbrado en la historia argentina: unir a todas las entidades agrarias en un reclamo que se ha extendido urbi et orbi, y al que se han sumado, de modo espontáneo, miles de ciudadanos que ninguna relación directa poseen con el campo: así lo han demostrado los “cacerolazos” que se propagaron en la ciudad de Buenos Aires tras el inmoderado discurso presidencial.
No obstante, quien más se perjudica con estas medidas, son las provincias del interior, especialmente aquellas que componen la zona agropecuaria por excelencia del país –Tucumán, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fé–, pues el dinero que va a parar al poder central, no regresa a los pueblos productores en forma de inversiones públicas para mejorar el desarrollo de la zona, arrebatándole su principal riqueza, convirtiendo al federalismo tan pregonado en una auténtica quimera, mal administrando los destinos de la nación y, lo más grave, desperdiciando una oportunidad histórica y quizá irrepetible de proyección en el mundo. El escritor Jorge Asís lo ha expresado a las claras: En el fondo, en el conflicto entre el centralismo y el interior profundo, se percibe la ficción inerte de nuestra historia. En estas tierras florece el mayor unitario cuando un federal toma el poder. Como se lee en el comunicado que emitieron las entidades agrarias, la construcción de un país en serio requiere del desarrollo equilibrado de todo el interior, que no debe ser nuevamente víctima de erróneas medidas que impidan sus posibilidades de crecimiento.
Por otro lado, la redistribución de los ingresos a favor de los pobres que invoca Cristina, además de ser un sofisma destinado a ocultar lo que, a todas luces, resulta imposible de ocultar (porque, si en los casos del trigo y las carnes podía hablarse todavía del consumo popular, en el caso de la soja el aumento ya no refleja nada más, como expresé ut supra, que la voracidad del Estado), supone recurrir –al mencionar incluso que los productores del campo se pasean en camionetas 4 x 4, como si esto constituyera un pecado; me pregunto, ¿en qué clase de vehículo transita usted señora presidenta?– a elementos arteros y de manifiesta intencionalidad clasista e ideológica para procurar entablar una guerra inútil a través de la confrontación social, el encono y la desmesura. Además, comete el Gobierno un burdo (e intencionado) error –que la sociedad ha advertido desde el primer momento–, al querer tratar de “oligarquía terrateniente” a la totalidad de los productores del campo, cuando se cae de maduro que es completamente injusto pretender igualar a los grandes pools de siembra (que poseen per capita un promedio superior a las 10.000 hectáreas, y a los que prácticamente no les afecta la suba de las retenciones) con los pequeños y medianos productores, propietarios de reducidas parcelas, representantes de la mayor parte del campo argentino, antagonistas de la transnacionalización y concentración de las tierras, y que, inexplicablemente, constituyen hoy por hoy el sector más desprotegido.
