Thomas Mathiesen en Prison on Trial llega a la conclusión de que el sistema penal, sobre todo en los Estados Unidos –país en el que más del 2% de su población se encuentra encarcelada–, castiga la base más que la cúspide de la sociedad. El discurso político dominante, influenciado por la enorme presión ejercida por los medios de comunicación, tiende a alentar políticas llamadas de “mano dura” o “tolerancia cero” (las que propician la simplista estrategia del endurecimiento de penas), que son inflexibles con respecto a los delitos que normalmente cometen los marginados, los excluidos del orden. Por consiguiente, no sorprende que las cárceles, también en la Argentina, estén atestadas principalmente de personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos.
Por el contrario, presentan muchísimas menos posibilidades de ser tipificados en los códigos penales, aquellos delitos que perpetran ciertas personas o grupos de personas que se hallan en la “cima” de la sociedad. Bauman lo expresa del siguiente modo: Despojar a una nación de sus recursos se llama “fomento del libre comercio”; robar a familias y comunidades enteras sus medios de vida se llama “reducción de personal” o “racionalización”. Jamás estas dos acciones han aparecido en la lista de actos delictivos y punibles. Peor incluso, cuando esta clase de acciones ilegales están tipificadas, generalmente presentan en la regulación alguna clase de “válvula de escape” para el delincuente, que por medio de refinamientos legales y financieros (a los que no tiene acceso el “ladrón de gallinas”), rara vez acaba por cumplir una condena en prisión. Por ejemplo, a los grandes evasores de impuestos, que perjudican las finanzas de una nación, usualmente se les ofrecen instancias previas de arreglos extrajudiciales.
Por otro lado, el capital político que se cosecha agilizando y perfeccionando la persecución contra los “delitos empresariales” es nulo en comparación con el que se obtiene “mostrando que se actúa” contra el delito que se palpa, que se percibe en los barrios, en las calles. Precisamente, el “delito en la cima” tiene la característica de ser, en la mayoría de los casos, incorpóreo, intangible, etéreo: son delitos literalmente invisibles, y por consiguiente, a menos que se trate de un gran escándalo mediático, pasan desapercibidos para el grueso de la ciudadanía.
En el universo de las finanzas trasnacionales y globales, durante mucho tiempo se pretendió reducir el papel de lo Estados nacionales al de “meras comisarías”, encargadas de concentrar toda su atención en la protección de la seguridad local, lo cual, sin duda, les impedía atender otros cuestiones de no menor importancia. En 1998 Bauman describía: La cantidad y calidad de los agentes policiales de ronda, los que limpian las calles de mendigos, carteristas y ladrones, y la solidez de los muros carcelarios son factores de primera importancia para ganar “la confianza de los inversores”, quienes los toman muy en cuenta a la hora de decidir cuándo invierten o retiran sus fondos. La reciente implosión del sistema capitalista, que desató una crisis económica y financiera que tiene convulsionado al mundo en su conjunto, ha puesto de relieve que la regulación del otrora Dios Mercado por parte del Estado es fundamental y constituye una función indelegable a la que no se puede renunciar.
En contraposición a la construcción ilimitada de cárceles, que son, al menos en la Argentina, verdaderas “universidades de delincuencia”, donde lejos de reeducarse y lograr el fin resocializador que menciona la Constitución, el condenado perfecciona los procedimientos delictivos que ya tenía inculcados, se propicia que el Estado parta de un diagnóstico criminológico auténticamente científico y preciso, que se comprenda la necesidad de optimizar las herramientas de control informal (clubes deportivos, iniciativas barriales), y se establezca mayor inversión en áreas estratégicas como la educación y la acción social.
Correlacionando lo expuesto con el ámbito local, en una entrevista publicada el sábado 1 de noviembre de 2008, en el periódico “Crítica de la Argentina”, Eugenio Zaffaroni, actual miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió al supuesto aumento de la tasa delictual en la Argentina, y especificó alguna de sus causas: En la década pasada casi se destruyó el país, se gestó una exclusión social sin precedentes, se retrocedió en salud y en educación, se descuidaron los planes sociales y se desarmó el trabajo, el empleo, se perdieron hábitos laborales, se llenó de armas como nunca antes el país, nos quedamos sin dinero ni sistema financiero, se bloquearon los ahorros de la gente y otras barbaridades más. Sólo un tonto podría creer que eso puede ser gratuito, que no tenga un costo social en violencia. Lamentablemente, hay tontos incrédulos, pero lo grave es que también hay hipócritas que ahora piden que todo el presupuesto se invierta en cárceles.



